DUDAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

camino2Aclarando dudas sobre la certificación de eficiencia energética de edificios para los compradores o arrendatarios de viviendas

FORNELL CONSULTORS le informa de que la Secretaria de Estado de Energía ha aclarado algunas dudas sobre la aplicación del Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, como por ejemplo que tanto los garajes como los trasteros no deben obtener el certificado de eficiencia, o qué información mínima debe contener el certificado para considerar cumplida la obligación impuesta.

Estimado/a cliente/a:

Como ya el informamos en su día, en el BOE del día 13 de abril, se publicó el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobaba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, que entró en vigor el pasado día 14 de abril,  siendo voluntaria su aplicación hasta el pasado 1 de junio de 2013. A partir de ese momento, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.

 

Pues bien, la Secretaria de Estado de Energía ha publicado un documento sobre las cuestiones más frecuentes en referencia a los certificados de eficiencia energética. Al tener el carácter de información oficial, su lectura es de interés, proporcionándonos la primera interpretación administrativa del precepto. Obviamente, no recoge todas las preguntas que ha suscitado la innovación, pero, por ejemplo aclara que tanto los garajes como los trasteros no deben obtener el certificado de eficiencia, o qué información mínima debe contener el certificado para considerar cumplida la obligación impuesta. 

 

A continuación les informamos de algunas de esta cuestiones.

 

1. ¿Quiénes son los técnicos competentes para certificar?

 

Será considerado como técnico competente al que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o que sin poseer las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética.

 

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para suscribir el certificado de eficiencia energética en los edificios, además de los arquitectos, arquitectos técnicos ó aparejadores, las personas que, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, dispongan de las siguientes titulaciones:

 

ü  Ingeniero Aeronáutico

ü  Ingeniero Agrónomo

ü  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ü  Ingeniero Industrial

ü  Ingeniero de Minas

ü  Ingeniero de Montes

ü  Ingeniero Naval y Oceánico

ü  Ingeniero de Telecomunicación

ü  Ingeniero Técnico Aeronáutico

ü  Ingeniero Técnico Agrícola

ü  Ingeniero Técnico Forestal

ü  Ingeniero Técnico Industrial

ü  Ingeniero Técnico de Minas

ü  Ingeniero Técnico Naval

ü  Ingeniero Técnico de Obras Públicas

ü  Ingeniero Técnico Telecomunicación

ü  Ingeniero Técnico Topógrafo

 

Sin perjuicio de lo que se establezca en la Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Fomento, establecida en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 235/2013.

1336752572_02. Dado que el certificado de eficiencia energética de un edificios existente contiene cuatro documentos (calificación de eficiencia energética, recomendaciones, descripción de las pruebas, cumplimiento de los requisitos medioambientales) ¿Es válido que cada documento sea suscrito por distintos técnicos?

 

No, el certificado de eficiencia energética es único y por lo tanto debe estar suscrito por un solo técnico competente.

 

Cabe destacar que, obligatoriamente, el certificado debe incluir, entre otros, el documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de eficiencia energética del edificio o de una parte de este.

 

3. ¿Es de aplicación a las viviendas excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos el Real Decreto 235/2013?

 

A las viviendas excluidas de la Ley de arrendamientos urbanos no le será de aplicación el Real Decreto 235/2013 ya que no se produce un nuevo alquiler, sino una distinta ocupación del edificio o parte del mismo.

 

4. ¿Es obligatorio obtener el certificado para las habitaciones de los hoteles, de casas rurales o espacios para eventos?

 

No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para las habitaciones de los hoteles, habitaciones de casas rurales o espacios para eventos, ya que en estos casos no existe un contrato de arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 

5. ¿Qué se entiende por reformas importantes?

 

Reformas importantes son aquellas donde se renueve más del 25 por ciento del total de su envolvente, o la totalidad de las instalaciones térmicas o se cambie el tipo de combustible.

 

6. ¿A quién se aplica la exención de una reforma importante?

 

Sólo aquellos edificios comprados para demoler o para realizar una reforma importante están exentos, el resto tienen la obligación de obtener el certificado de eficiencia energética

 

 

7. ¿Los edificios o parte de los mismos que ya disponen del certificado de eficiencia energética realizado con base en el Real Decreto 47/2007, deben adecuarse a partir del 1 de junio al certificado establecido en el Real Decreto 235/2013?

No, los certificados elaborados con base en el Real Decreto 47/2007 son válidos y no es precisa su actualización hasta que cumpla su periodo de validez.

 

8. ¿Los garajes y trasteros de un edificio deben obtener el certificado de eficiencia energética?

 

No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para los garajes o trasteros de un edificio ya que no se considera una “parte de un edificio” según la definición establecida en el apartado 3.r del artículo 1 del Real Decreto, y además, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación se consideran espacios no habitables.

 

9. Edificios ocupados por una autoridad pública ¿Qué se entiende por autoridad pública?

 

De acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 235/2013, se entenderá por autoridad pública a las Administraciones Públicas tal como son enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Img2811200817256892862010. ¿Cuándo deben los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el público, obtener el certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta de eficiencia energética?

 

Los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el público, deberán disponer del certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1 de Junio de 2013, cuando su superficie útil total sea superior a 500 m2. Y a partir del  9 de julio de 2015 cuando su superficie útil sea superior a 250 m2. La determinación de si son frecuentados habitualmente por el público la determinará la autoridad responsable del edificio, que deberá tener en consideración tanto si se produce una presencia importante de personas ajenas al edificio, motivada por la necesidad realizar trámites o gestiones de cualquier índole como el valor ejemplarizante de esta exhibición ante los ciudadanos.

 

11. ¿Cuándo deben exhibir la etiqueta de eficiencia energética los edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil total superior a 500 m2  y que sean frecuentados habitualmente por el público?

 

Los edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil total superior a 500 m2

 y que sean frecuentados habitualmente por el público deberán obtener el certificado de eficiencia energética cuando se construyan, vendan o se alquilen. Cuando estos edificios dispongan del certificado de eficiencia energética tendrán la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1 de junio de 2013.

12. ¿Se debe entregar el original del certificado cuando se venda una unidad del edificio de un bloque?

 

Sí, cuando se venda una unidad o parte de un edificio en bloque se podrá, a efectos de esta normativa, hacer uso de:

 

a) certificado de eficiencia energética de la unidad o parte de un edificio. Este certificado se podrá obtener calificando la unidad en sí misma, de forma independiente o calificando todo el edificio completo. En cualquier caso, la referencia catastral será la de la unidad del edificio y se deberá poner a disposición del adquiriente este certificado.

 

b) certificado de eficiencia energética del edificio completo. En este certificado constará la referencia catastral de todo el edificio, y será suficiente con la entrega de una copia del certificado.

13. ¿Debe estar registrado el certificado de eficiencia energética de un edificio para tener validez legal?

La validez del certificado se produce una vez firmado por el técnico competente, no obstante, “el certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial”. Además de lo anterior, es preciso recordar que tanto el modelo de certificado aprobado como el de etiqueta deben contener el número de registro asignado por la Comunidad Autónoma.

 

La solicitud de presentación en el registro o ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma servirá provisionalmente como código de registro en tanto el órgano competente de la Comunidad Autónoma no facilite el número de registro Oficial. Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en la normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al respecto.

 

14. – ¿Qué tipo de certificado de eficiencia energética deben obtener los edificios construidos que todavía no disponen de cédula de primera ocupación?

 

Los edificios construidos a partir de la entrada en vigor del derogado Real Decreto 47/2007, tienen la obligación de disponer el certificado de certificación energética del edificio terminado. En el caso de que no lo hubieran obtenido en el momento en que estaban obligados, deberán disponer del certificado del certificado del edificio terminado a partir del 1 de junio de 2013, que será calculado con el programa de referencia Calener o cualquier otra herramienta reconocida para edificios de nueva construcción.

 

15. ¿En el momento de ofertar o publicitar un edificio o unidad del edificio dirigida a la venta o alquiler, es necesario disponer del certificado de eficiencia energética o bastaría con la calificación de eficiencia energética expresa en la etiqueta de eficiencia energética?

 

Sí, es necesario disponer del certificado de eficiencia energética suscrito por el técnico competente y de la etiqueta de eficiencia energética.

 

Img2811200818057452840016. ¿En qué momento el promotor o el propietario de un edificio existente o parte del mismo debe registrar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, el certificado de eficiencia energética?

 

Aunque no existe un plazo regulado, y sin perjuicio de que pueda regularse por las Comunidades Autónomas, una vez el técnico competente elabore el certificado de eficiencia energética del edificio o de parte del edificio, el promotor o propietario deberá solicitar la inscripción del documento en el registro que habilite la Comunidad Autónoma para su registro y efectos oportunos.

La obligación del promotor o propietario de presentar este certificado para su registro se entenderá cumplida con la solicitud de inscripción en el registro de este documento ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

17. ¿Quién tiene la responsabilidad de obtener el certificado de eficiencia energética y de mostrar la etiqueta?

Es el promotor o propietario del edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización de la certificación energética del edificio, lo que le otorgará el derecho de utilización de la etiqueta de eficiencia energética. Por tanto es el promotor o propietario del edificio el responsable de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del mismo.

 

18. ¿Está permitido modificar el tamaño de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de la venta o alquiler de los edificios?

Aunque el modelo de etiqueta aprobado establece un formato y tamaño con unas dimensiones normalizadas, para la inclusión de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de venta o alquiler de edificios, se permite el reducir o agrandar la etiqueta siempre que se mantenga el formato y las proporciones establecidas y sea legible.

 

También se permitirá que, manteniendo el formato y las proporciones, se muestren solo las escalas y los valores de la etiqueta.

 

En la publicidad debe constar la etiqueta de eficiencia energética, permitiéndose mostrar solo las escalas y los valores en los folletos o portales inmobiliarios, y solo mencionar la calificación en los anuncios de prensa. En los carteles de venta o alquiler que se colocan en el exterior de los edificios, y en los que solo aparece un teléfono de contacto no es necesario que aparezca la calificación energética.

Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en la normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al respecto.

19. ¿Está permitido incluir en la etiqueta de eficiencia energética un logotipo?

 

Sí, se permite incluir en la etiqueta un logotipo de la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que sus dimensiones sean las mismas que las establecidas para el tamaño de la bandera de la Unión Europea en la parte inferior derecha de la etiqueta y siempre que no se superponga con los datos reflejados en el modelo de etiqueta aprobado ni conduzca a equívocos.

 

20. ¿Cómo se identifica el edificio que se certifica en la etiqueta de eficiencia energética?

 

El modelo de etiqueta aprobado establece que en él se reflejarán la dirección del edificio o parte del edificio así como su referencia catastral. Puesto que el certificado de eficiencia energética es único, la etiqueta de eficiencia energética solo puede corresponderse a un único certificado. En el caso en que el edificio o parte del edificio tenga más de un registro catastral, el número correspondiente al registro catastral reflejará este hecho, ya que se trunca en los dígitos representativos. Sin perjuicio de lo anterior, en el registro de los certificados de eficiencia energética ante el órgano competente, se podrá solicitar listado completo de referencias catastrales a las que se refiere el certificado.

 

21. ¿El propietario de un apartamento de vacaciones que tiene intención de publicitarlo en alquiler para este uso temporal, debe incluir la etiqueta energética en su oferta?

 

No, no tiene obligación de incluir la etiqueta en su oferta publicitaria.

 

Img2811200817105824729022. ¿El propietario de un apartamento que ha sido utilizado normalmente como residencia temporal de uso vacacional y tiene intención de publicitarlo para su venta, debe incluir la etiqueta energética en su oferta?

Sí, es el promotor o propietario del edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización del certificado de eficiencia energética del edificio y de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta del edificio o parte del mismo.

 

Por tanto como el vendedor desconoce la utilidad que piensa darle el potencial comprador, deberá incluir la etiqueta en la oferta.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 SOMOS ADMINISTRADORES DE FINCAS

CONFIANZA, EQUIPOS PROFESIONALES, EXPERIENCIA

DSC_0082

Anuncis

COMUNIDADES DE VECINOS. NOVEDADES IMPORTANTES

Publicada la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Entre otras medidas,  se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.

Estimado cliente/colaborador:

Desde Fornell Consultors esta semana le informamos de que con fecha 27 de junio de 2013 se ha publicado en el BOE la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

 

Img28112008171058247290Esta Ley, que entró en vigor el 28 de junio, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

 

La regulación que contiene esta norma se enmarca en un contexto de crisis económica, cuya salida depende en gran medida (dado el peso del sector inmobiliario en dicha crisis) de la recuperación y reactivación (de cara sobre todo al empleo) del sector de la construcción. Dicha salida, en un contexto de improcedencia de políticas de expansión, tales como la generación de nueva ciudad y nuevas viviendas, sólo es posible actuando sobre el patrimonio inmobiliario y la edificación existente.

 

También se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energético, con el relanzamiento de la industria de materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificación y de las tecnologías de energías renovables.

 

La Ley 8/2013 afecta, entre otras, a las siguientes leyes:

 

               – Ley sobre Propiedad Horizontal

               – Ley de Ordenación de la Edificación

               – Ley de Enjuiciamiento Civil.

               – Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

               – Ley General Tributaria.

               – Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

               – Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

               – Texto refundido de la Ley de Suelo

               – Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

             – Real Decreto-ley 6/2012, de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

               – Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito

               – Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

               – Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios

 

Objetivos

 

  • Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.
  • Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas.
  • Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética.
  • Modificar normas actualmente en vigor, tanto para eliminar aquellos obstáculos que impiden hoy alcanzar los objetivos propuestos, como para adaptar los existentes a los nuevos.

 

Principales novedades

 

Entre otras novedades, podemos destacar las siguientes:

 

  • La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios, que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios, demandada por el Estado a partir del Real Decreto-Ley 8/2011. Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler. El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de 50 años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios de conformidad con su propia regulación.

Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran existir en las Comunidades Autónomas, siempre que cuenten con dichos técnicos.

 

  • individualHabrá una “ficha” de cada edificio donde se tendrán en cuenta el aislamiento, eficiencia energética y la accesibilidad.

 

  • Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de la “Memoria de Viabilidad Económica” que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
  • Por tanto, las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas incorporarán esta Memoria de Viabilidad Económica. Analizará modificaciones sobre el incremento de la edificabilidad o densidad, introducción de  nuevos usos, posible utilización de suelo, vuelo y subsuelo. Incorporará al menos los siguientes contenidos:

 

 

a)     Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos propuestos y de los  existentes, con referencia a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar.

b)     Determinaciones económicas básicas, con estimación de la inversión e  identificación de los sujetos responsables del costeamiento de las redes   públicas.

c)      El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de  que puede generar ingresos suficientes para costear la mayor parte de la  transformación, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio de los particulares.

 

  • La Ley amplía las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservación, e introduce los instrumentos de gestión y los mecanismos de cooperación interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la búsqueda de mecanismos que pretenden conseguir que la financiación para la rehabilitación sea más accesible y se encuentre más al alcance de los interesados. Se establecen además, otros mecanismos específicos para facilitar la financiación de estas actuaciones, entre los que destacan los convenios entre las Administraciones Públicas actuantes, los propietarios y demás sujetos que vayan a intervenir en la ejecución, que pueden incluir, desde la explotación conjunta del inmueble o partes del mismo, a determinados tipos de contratos o colaboración.

 

  • Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal.  La reforma trata de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal.

 

IMATGE_1554dc3a0e704e4a3826d33a23cc57001292En este sentido, podemos destacar el siguiente régimen de mayorías en las juntas:

 

a) Un tercio de propietarios más un tercio de cuotas:

 

ü  Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación.

ü  Sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables.

ü  Infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.

ü  Otros equipos o sistemas para mejorar la eficiencia energética o hídrica, de aprovechamiento privativo.

ü  No tiene repercusión obligatoria.

  

b) Mayoría de propietarios, más la mayoría de cuotas:

 

ü  Supresión de barreras arquitectónicas.

ü  Establecimiento de los servicios de ascensor.

 

c) Tres quintos de propietarios más tres quintos de cuotas:

 

ü  El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general.

ü  Arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico.

ü  Establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los de la letra a), que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble.

ü  División o agrupación de elementos

  

d) Sólo comunicación a la Junta:

 

ü  La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en la propia plaza.

ü  Se exime de acuerdo en obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal, o solicitados por personas con discapacidad, o mayores de 70 años.

 

e) Unanimidad para los acuerdos no regulados expresamente, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos.

 

f) Resto de acuerdos: Mayoría de propietarios, más la mayoría de cuotas. En segunda convocatoria, será suficiente con el voto a favor de la mayoría de los asistentes, que represente a la mayoría de cuotas de los presentes.

 

Se crea una excepción a la regla de considerar voto favorable en del ausente que no se oponga: cuando no se pueda repercutir el coste de los servicios a los que no hubieren votado expresamente a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo.

 

La Junta también resolverá en de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar. Asimismo, podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico.

 

foto_noiaNUESTRA AREA ESPECIALIZADA EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y VECINOS ESTÁ A SU DISPOSICIÓN

CONSULTENOS

NUESTRA DILATADA EXPERIENCIA COMO ADMINISTRADORES DE FINCAS AVALA NUESTRO SERVICIO

 

APROBADA LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE LAS PENSIONES

Aprobada la fórmula de revisión de las pensiones

Fornell Consultors le informa de que se trata de un nuevo indicador que sustituirá al actual IPC de noviembre para actualizar la cuantía de todas las pensiones, las ya existentes y de las nuevas que surjan cada año.

 

24407_360796675198_651205198_5301278_7947068_nEl Comité de Expertos sobre pensiones ya ha entregado a la ministra de Empleo y Seguridad Social el informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones que ha elaborado en las reuniones que han mantenido desde su constitución.

 

Este factor será un mecanismo automático de ajuste del gasto en pensiones que tendrá dos componentes:

Factor de revalorización anual (FRA): Actúa frente al riesgo económico. Se trata de un nuevo indicador que sustituirá al actual IPC de noviembre para actualizar la cuantía de todas las pensiones, las ya existentes y de las nuevas que surjan cada año.

 

Este indicador se elaborará sumando tres términos:

 

ü  la tasa media de inflación;

 

ü  el crecimiento medio real de los ingresos del sistema depurando el efecto del aumento del número de pensiones y del efecto sustitución (que mide cuánto son superiores las nuevas pensiones sobre las que se dan de baja); y

 

ü  un tercer componente que reflejará el superávit o déficit del sistema a lo largo del ciclo económico.

 

 

¿Me afectarán los nuevos cambios?

 

Los pensionistas actuales sólo se verán afectados por una parte de la reforma, la que se refiere a la actualización anual de las pensiones. Hasta ahora las prestaciones subían en línea con el IPC, aunque durante algunos años de crisis no se ha cumplido este compromiso. La propuesta de los expertos es desligar este automatismo entre pensiones e IPC y aplicar una fórmula que tenga en cuenta la inflación, pero también la evolución de los ingresos y gastos del sistema durante un ciclo económico. El informe aconseja tener en cuenta un periodo de entre 11 y 13 años

 

Los expertos recomiendan que se considere un periodo de 11 o 13 años (5 o 6 por delante y otros tantos por detrás del año en que se aplica). Debido a que este componente se calculará con proyecciones de ingresos, si éstas fallaran, se ajustarán en la revalorización a aplicar al siguiente año del ciclo.

En cualquier caso, los firmantes recomiendan “garantizar  con una cláusula suelo que la pensión de los pensionistas actuales no pueda disminuir nominalmente” con la aplicación del FRA. Con ello, las prestaciones podrán congelarse, con lo que se perderá poder adquisitivo, pero no disminuirá lo que ya cobran.

 

Al endurecimiento de las condiciones de acceso (retraso en el retiro obligatorio, mayores aportaciones temporales y mayor periodo de cómputo) se añade ahora un descuento variable que depende de la esperanza de vida a los 65 años estimada hoy para los jubilados venideros.

 

Este ajuste de las cuantías finales de las prestaciones se ha calculado para los jubilados que lleguen a tal condición desde este año hasta 2051. Empieza a tener efecto en 2015, cuando se jubilan quienes hoy tienen 63 años, con un descuento inicial del 0,7% sobre la prestación esperada, y alcanza su recorte máximo en 2051 para quienes hoy tienen 28 años, con un descuento sobre la pensión esperada con la legislación de hoy de un 19,2%.

 

 

b689fad0280b286c898256c8d3b6ee9e_M¿Cómo se ligarán las pensiones a la esperanza de vida?

 

Una parte de la reforma consistirá en fijar un factor que ligue la cuantía de la pensión en el momento de acceder a la jubilación a la esperanza de vida. Es decir, que esta cuantía iría disminuyendo poco a poco a medida que aumente esa esperanza de vida.

Es decir, que si alguien que se jubile con 65 años en 2014, con una esperanza de vivir durante 20 años, hasta los 85, cobraría una pensión mensual de 1.000 euros; el que se jubile en 2024, con los mismos años cotizados y la misma edad, tendría una pensión inicial de 933 euros. Eso sí, en teoría viviría 1,7 años más que el que se jubila 10 años antes.

 

 

¿Cuándo empezará a aplicarse el factor de sostenibilidad?

 

El comité de expertos aconseja poner en marcha ambos factores lo antes posible, y hacerlo, como muy tarde en 2019. En todo caso, será el Gobierno quien decida si aplica las nuevas fórmulas de golpe o de forma paulatina en el tiempo.

 

1336752572_0PONGASE EN CON CONTACTO CON NUESTROS PROFESIONALES:

Abogados, Graduados Sociales, Técnicos Tributarios

Administradores de Fincas, Técnicos en Administración Pública

FLEXIBILIZACION Y FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas

Desde Fornell Consultors le acercamos hoy a al mercado de alguiler de viviendas, y le hacemos unos apuntes sobre la entrada en vigor de la ley  4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

Según la Exposición de Motivos de la citada Ley, ésta tiene como objetivo tratar de flexibilizar el mercado de alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, buscando el equilibrio entre las necesidades de la vivienda en alquiler y las garantías para los arrendadores que ponen sus viviendas en el mercado del alquiler, objetivo que pretende conseguir a través de la modificación de determinados preceptos de la Ley 29/ 1994 de 24 de noviembre, actuando sobre los siguientes aspectos:

Img28112008172568928620
– Reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley.
Reduciendo de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias personales.
Facilitando la recuperación del inmueble por el arrendador para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo, dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento.
Estableciendo la previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Y  conociendo la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización en el caso de desistimiento.
Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, el cual se regulará por Real Decreto. Lo anterior ha supuesto la reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la intención de dar solución a los problemas más acuciantes que están provocando los procesos de desahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura, vinculando el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si éste no atendiese el requerimiento de pago o no compareciese para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual que impide ratificar el lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Estas modificaciones obligan a efectuar el ajuste de otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los contratos anteriores sometidos a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos continuarán rigiéndose por el régimen jurídico que les era de aplicación cuando se celebraron.

Img28112008175333016610Asimismo, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, será de aplicación el siguiente régimen a las ayudas de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada y subvenciones reguladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de Emancipación  stablecidas por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre:
1.- Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo. Asimismo, se mantienen las ayudas reconocidas de subsidiación de préstamos convenidos, con anterioridad al 15 de julio de 2012,
que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda; y no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
2.- Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma.
3.- Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda.
4.- Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Fuente: Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona

foto_noia

FORNELL CONSULTORS, ADMINISTRADORES DE FINCAS

CONFIE EN NUESTROS PROFESIONALES

MAS PROTECCIÓN A LOS DEUDORES DE HIPOTECAS

Aprobada la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios

La Ley 1/2013 introduce importantes modificaciones en la normativa hipotecaria, destacando entre otras, la limitación de los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual a tres veces el interés legal del dinero o que las nuevas hipotecas no podrán concederse por un plazo superior a 30 años ni cubrir más del 80% del valor de tasación del inmueble.

estres

FORNELL CONSULTORS les acerca hoy a una reciente publicación en el BOE de la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, conocida cono la reforma hipotecaria.

 

La Ley 1/2013 viene motivada por las circunstancias excepcionales que atraviesa España debido a la crisis económica y financiera, la cual ha llevado a numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual a tener que afrontar importantes dificultades para hacer frente a sus obligaciones.

 

La Ley adopta, fundamentalmente, cuatro tipos de medidas, que trataremos de resumir brevemente en sus aspectos fundamentales.

 

Entrada en vigor y procesos a los que se aplica

 

Esta norma se aplicará a todos los procesos judiciales y extrajudiciales iniciados a la fecha de su entrada en vigor, es decir el 16 de mayo de 2013, siempre que no se hubiera ejecutado el lanzamiento.  No obstante se establecen algunas reglas transitorias en la norma respecto de los procedimientos ejecutivos judiciales en curso a la entrada en vigor de la norma, y sobre la limitación de los intereses de demora.

 

La suspensión de desahucios de familias en especial riesgo de exclusión

 

Se suspende durante 2 años el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado el acreedor la vivienda habitual de personas que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad y tengan unas determinadas circunstancias económicas.

 

Los supuestos de especial vulnerabilidad son los casos de familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, unidades familiares con menores de 3 años, unidades familiares con un miembro con discapacidad superior al 33% o enfermedad que le impida realizar una actividad laboral con carácter permanente, unidades familiares en el que el deudor haya agotado las prestaciones por desempleo, unidades familiares con una víctima de violencia de género.

 

Además de encontrarse en uno de los supuestos de especial vulnerabilidad antes referidos, la Ley exige que concurran las siguientes circunstancias económicas:

 

ü  Que los ingresos de la unidad familiar no superen el triple del IPREM (cuatro o cinco veces para discapacitados).

ü  Que, en los últimos cuatro años, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, entendiendo que ello se produce cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos un 1,5%.

ü  Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar

ü  Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y haya sido concedida para la adquisición de la misma

 

Estas circunstancias pueden acreditarse en cualquier momento del procedimiento de ejecución y antes del lanzamiento.

 

leadership_typesMedidas de mejora del mercado hipotecario

 

Con esta finalidad de mejora la Ley introduce importantes modificaciones en la normativa hipotecaria, modificaciones que han tenido en cuenta la reciente y conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, y que podríamos sintetizar en las siguientes:

 

  • Las escrituras de préstamo hipotecario sobre viviendas deberán consignar si la vivienda tendrá o no en carácter habitual. Se presume, salvo prueba en contrario,  que la vivienda es habitual si así consta en la escritura.

 

  • Se limitan los intereses de demora de las hipotecas sobre vivienda habitual a tres veces el interés legal del dinero, pudiendo devengarse sólo sobre el principal de la deuda, no permitiéndose su capitalización. Los intereses sólo podrán capitalizarse en el caso de que el producto de la ejecución no sea suficiente para cubrir la deuda y el ejecutado se libere en cinco años al abonar el 65% de la cantidad pendiente o en diez años al abonar el 80% de la cantidad pendiente

 

  • Fortalecimiento del régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados, incluyendo la posibilidad de que el Notario la suspenda cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial que dicte resolución decretando la improcedencia de la venta por la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario. Asimismo, el Notario podrá advertir a las partes la posibilidad de que alguna cláusula del contrato pueda ser abusiva.

 

  • Incremento del nivel de independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito. Así por ejemplo, las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado, que no esté caducada, y sin perjuicio que le banco realice su propias comprobaciones que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación.

 

  • Se establece que el préstamo hipotecario no podrá exceder el 60% del valor de tasación del bien. Este porcentaje será el 80% cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas. En este último caso, el plazo de amortización máximo será de 30 años.

 

  • Se requiere que en determinados casos los contratos de préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual suscritos por persona física contengan una expresión manuscrita por la que el prestatario manifieste haber sido advertido de los riesgos del contrato. Esos casos son los préstamos hipotecarios con limitaciones a la variabilidad del tipo de interés en los que el límite a la baja sea inferior al límite al alza, los préstamos que lleven aparejada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo del tipo de interés o que se conceda en divisas.

 

Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en materia de ejecución hipotecaria

 

Las modificaciones van dirigidas a lograr la agilidad y flexibilidad del procedimiento de ejecución y, sobre todo, pretenden incrementar la protección de los derechos e intereses del deudor hipotecario. Entre otras, destacamos:

 

  • Posibilidad de condonar la parte del pago remanente si tras la ejecución hipotecaria aún restase parte de la deuda por pagar.

 

  • Participación del deudor de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada.

 

  • Facilitación del acceso de los postores a las subastas.

 

  • Reducción de los requisitos que se imponen a los licitadores y así, a modo de ejemplo, se reduce el aval necesario para pujar del 20% al 5% del valor de tasación de los bienes.

 

  • Duplicación del plazo de tiempo para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación.

 

  • Inclusión de mejoras en el procedimiento de subasta no admitiéndose en éstas precios inferiores al 75% del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo.

 

  • Modificación del procedimiento ejecutivo con el fin de que el órgano judicial pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo con las consecuencias que de ello se deriven.

Captura-de-pantalla-2012-05-16-a-las-17_47_46Otras medidas

·         La Ley introduce importantes modificaciones en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos, y en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas, como por ejemplo, se extiende el ámbito de protección de esta norma a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual, se modifica la definición del umbral de exclusión y se amplían los requisitos de acreditación.

·         Se regula la dación en pago como obligatoria para las entidades adheridas cuando hayan pasado 12 meses desde la solicitud de reestructuración de la deuda y lo solicite el deudor tras la inviabilidad de tales medidas de reestructuración. En estos casos, el deudor puede solicitar permanecer en la vivienda durante dos años satisfaciendo una renta del 3% anual de la totalidad de la deuda.

·         Durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados, con el fin de que puedan acceder al ahorro acumulado en el plan cuando se encuentren ante un procedimiento de ejecución de la vivienda habitual, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

FornellConsultors_Newsletter_Cabecera3RECUERDEN QUE PUEDEN CONSULTAR A FORNELL CONSULTORS CUALQUIER DUDA SOBRE EL TEMA

ABOGADOS, FISCALISTAS, GRADUADOS SOCIALES,  ADMINISTRADORES DE FINCAS

TODO NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES A SU DISPOSICIÓN

NUEVAS BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0326equipo386Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

Con entrada en vigor a partir del 24 de febrero de 2013, se ha aprobado el Real Decreto-ley 4/2013 que contiene una serie de medidas laborales de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, como por ejemplo la creación de un nuevo contrato temporal de primer empleo joven y el establecimiento de diferentes supuestos de reducciones y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, entre los que destacan las reducciones vinculadas a contratos en prácticas concertados con menores de 30 años.

En el BOE del día 23 de febrero, se ha publicado el Real Decreto-ley 4/2013 que contiene una serie de medidas fiscales, laborales, mercantiles y administrativas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y que en el ámbito LABORAL se concretan una serie de medidas en materia de Seguridad Social y de estímulo a la contratación, de las cuales destacamos las siguientes:

leadership_types1. Se crean bonificaciones y reducciones aplicables a jóvenes trabajadores por cuenta propia  y para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia

 

Alternativamente al sistema previsto de bonificaciones y reducciones aplicables a los autónomos menores de 30 años -35 si son mujeres- (reducción del 30% durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, y bonificación de igual cuantía, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción), se establece la posibilidad de aplicar reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes en los términos y condiciones siguientes:

Beneficiarios:

    • Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años (hombres y mujeres).
    • Que causen alta inicial o que no hubieran estado en alta, en el RETA o en el Régimen Especial de trabajadores del Mar –REM- (incluidos los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado encuadrados en estos Regímenes), en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta.

Quedan excluidos de la aplicación de la medida los autónomos que empleen trabajadores por cuenta ajena.

 

Cuantía:

    • Reducción del 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
    • Reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en el punto anterior.
    • Reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en el punto precedente.
    • Bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.

Las reducciones y bonificaciones se aplicarán sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento. Tanto en este supuesto como en todos los contemplados en esta norma los empleadores aplicarán las reducciones y bonificaciones con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización.

  • Período: Máximo de 30 meses. Debe tenerse en cuenta que la posibilidad de opción por este nuevo sistema de reducciones y bonificaciones respecto a las ya establecidas con anterioridad viene limitado por el plazo que acaba de mencionarse, de modo que el cómputo total de las mismas no podrá superar las 30 mensualidades.

En la misma línea, pero ahora en relación con los discapacitados que se establezcan como autónomos, se introduce ahora un nuevo beneficio en la cotización en los términos siguientes:

  • Beneficiarios:
    • Trabajadores por cuenta propia, discapacitados en grado igual o superior al 33%, menores de 35 años.
    • Que causen alta inicial o no hubieran estado en alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en ell Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o como trabajadores por cuenta propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (incluidos los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado encuadrados en estos Regímenes).

Al igual que en el caso anterior, quedan excluidos los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena.

 

  • Cuantía:

 

    • Reducción del 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
    • Bonificación del 50% durante los 4 años siguientes.

Tanto las reducciones como las bonificaciones se aplicarán sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la IT, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento.

  • Período: Máximo de 5 años.

2. Posibilidad de compatibiliar la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia cuando lo establezcan los programas de fomento al empleo

Cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el trabajo por cuenta propia, en cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de la prestación en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social.

GZON_oficina3. Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia

 

Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes:

a) Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo.

b) Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.

Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad.

 

4. Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo

 

Se modifican las reglas de capitalización de la prestación por desempleo en un doble sentido, por un lado, permitiéndose que los menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo puedan destinar la misma también a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender y, por otro, eliminándose cualquier límite máximo cuando:

  • Los beneficiarios sean menores de 30 años de edad.
  • Destinen hasta el 100% del importe de la prestación a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación.
  • Vayan a desarrollar una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma –en este último caso debiendo mantenerse por un mínimo de 18 meses-, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados.

Quedan excluidos de este supuesto:

  • Los que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades.
  • Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

iStock_000002098320Medium5. Nuevos supuestos de suspensión y extinción del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia

Se introduce un nuevo supuesto de suspensión de la prestación por desempleo, de modo que mientras que con carácter general se suspende la percepción de la prestación por la realización de un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 24 meses, en el caso de menores de 30 años que causen alta inicial en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar,  se suspende por la realización de una actividad de esa naturaleza por un periodo inferior a 60 meses.

 

En línea con lo anterior, se incorpora un nuevo supuesto de extinción para los casos en que la realización del trabajo por cuenta propia del menor de 30 años alcance o se extienda más allá de los 60 meses referidos.

 

6. Régimen de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad

 

La protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que incluye la cobertura de la protección por cese de actividad, tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad.

 

Estímulos a la contratación

 

Las medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la Economía Social, y los estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo, cuya vigencia se extenderá hasta la ya conocida e incierta fecha en la que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 %, las podemos resumir en las siguientes:

 

1. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa

 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de 30 años tendrán derecho, durante un máximo de doce meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100 por cien en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.

Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere el párrafo anterior.

Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses.

b) Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determinen reglamentariamente.

c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación.

Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato.

La formación, no teniendo que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, podrá ser:

a) Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo.

b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual.
Respecto al aspecto laboral, podrá tratarse de un contrato a tiempo parcial, indefinido o de duración determinada, cuya jornada no podrá ser superior al 50 % de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, formalizado por escrito en el modelo oficial que al efecto se establezca.

Además de lo anterior, para poder beneficiarse de los incentivos que se indicarán de inmediato, empresas y autónomos, deberán:

  • No haber extinguido improcedentemente contratos en los 6 meses anteriores. Esta limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
  • Mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a tiempo parcial durante un periodo mínimo equivalente a la duración de dicho contrato y máximo de 12 meses desde su celebración. El incumplimiento de esta obligación, que no concurrirá cuando el contrato se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario declarados o reconocidos como procedentes, ni por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba, supondrá el deber proceder al reintegro de los incentivos.

404678_10150482977541524_35050531523_8435325_2105182868_n2. Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos

Los autónomos y las empresas de hasta nueve trabajadores se beneficiarán de una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el primer año cuando contraten de forma indefinida a un desempleado menor de 30 años, siempre y cuando:

    • No hayan tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.
    • No hayan adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, para la cobertura de puestos del mismo grupo profesional y el mismo centro o centros de trabajo.
    • No hayan celebrado con anterioridad otro contrato de esta modalidad.

Las previsiones no serán aplicables cuando se concierten contratos por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, para trabajos fijos discontinuos o los previstos en el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

El empleador deberá cumplir con los siguientes requisitos de mantenimiento del empleo:

 

  • Mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 18 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral (salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba, en este último caso se exceptuaría del requisito de no haber celebrado otro contrato bajo esta modalidad, si bien el periodo total de bonificación no podrá superar los 12 meses, en su conjunto).
  • Mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante al menos un año desde la celebración del mismo. En caso de incumplimiento de esta obligación deberá reintegrar los incentivos. No se considerará incumplido ese compromiso en caso de extinción por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o durante el periodo de prueba.

El contrato deberá formalizarse en el modelo del Servicio Público de Empleo.

3. Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven

 

Los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, y sin trabajadores asalariados, que desde la entrada en vigor de la norma contraten por primera vez, de forma indefinida a tiempo completo o parcial, a desempleados de edad igual o superior a 45 años, inscritos ininterrumpidamente como desempleados en la oficina de empleo al menos durante doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, se beneficiarán de una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante el primer año.

Se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, 18 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba. En este último caso, se podrá celebrar otro contrato de esta modalidad aunque el periodo total de la reducción no podrá exceder 12 meses.

Si la contratación de un trabajador pudiera dar lugar a varias bonificaciones o reducciones solo podrá aplicarse una de ellas.

1334332335_04. Primer empleo joven

Se crea un nuevo contrato temporal para menores de 30 años desempleados sin experiencia profesional previa o con experiencia menor de 3 meses, que se regirá por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, salvo en las siguientes especialidades:

    • Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional.
    • La duración mínima del contrato será de 3 meses y la máxima de 6 meses (salvo que se establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses).
    • Deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable.

La empresa no deberá haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, y para puestos del mismo grupo profesional y el mismo centro o centros de trabajo.

Se incentiva la transformación en indefinido de este tipo de contratos (una vez transcurridos al menos 3 meses desde su celebración), mediante una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 euros/año durante 3 años si la jornada pactada es de al menos un 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. La bonificación asciende a 700 euros/año si esa transformación se suscribe con mujeres.

Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación a indefinido durante, al menos, doce meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo en caso de extinción por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o durante el periodo de prueba.

El contrato deberá formalizarse en el modelo del Servicio Público de Empleo Estatal.

5. Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo

La norma establece que podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores de 30 años aunque hayan transcurrido cinco o más años desde que terminaron los correspondientes estudios.

Las empresas o autónomos que concierten un contrato en prácticas con trabajadores de menos de 30 años tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato (o 75% si el trabajador estuviese realizando prácticas no laborales en empresas mediante convenios con los Servicios Públicos de Empleo de acuerdo con el Real Decreto 1543/2011).

6. Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social 

Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social:

a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.

b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (70,83 euros/mes -850 euros/año- durante toda la vigencia del contrato, o durante 3 años en caso de contratación indefinida).

1329741145R6Ws6NMedidas relacionadas con la intermediación laboral

 

Se permite que el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas concluyan de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral.

Asimismo, se regula la creación un Portal Único de Empleo que facilite la búsqueda de empleo y que contenga la información de utilidad para orientar a los jóvenes y poner a su alcance las herramientas que faciliten la búsqueda de empleo o el inicio de una actividad empresarial.

 

Otras medidas laborales

 

Se suprime el último párrafo del artículo 11.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, que prohibía la concertación de un contrato en prácticas con base en un certificado de profesionalidad obtenido como consecuencia de un contrato para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa.

Se modifica la Ley 14/1994 por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), posibilitando la celebración de contratos de puesta a disposición en supuestos de contratos para la formación y aprendizaje, debiendo cumplir la ETT las obligaciones formativas, sin perjuicio de las obligaciones de tutela propias de la empresa usuaria. En la misma línea se modifica el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto. Recuerde que estamos a su completa disposición.

FornellConsultors_Newsletter_Cabecera3NUEVO FUTURO PAR LOS JOVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. PODEMOS ESTAR JUNTO A TU NEGOCIO.

RECUERDA,  EQUIPO DE PROFESIONALES A TU DISPOSICIÓN:  fiscalistas, graduados sociales, abogados, administradores de fincas, gestores administrativos.

NOVEDAD CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (2ª parte)

NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (II)

Inscripción de contratos en el Registro de la Propiedad 

Siguiendo con las novedades del Anteproyecto de ley para incentivar el alquiler de pisos, es decir, la futura reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pasamos a analizar otras medidas que han sido propuestas para favorecer el mercado del alquiler:

3.- Mejora de la seguridad jurídica.

 Se incrementan los efectos de la inscripción de los arrendamientos en el Registro de la Propiedad, que impedirá la comisión de fraudes, tanto en la adquisición de viviendas o locales como en la ejecución hipotecaria: 

a)     el comprador que adquiera una vivienda estará obligado a permitir que el arrendatario continúe con su contrato si éste consta inscrito en el Registro. 

b)     si el contrato no está inscrito, el comprador de buena fe no estará obligado a respetar el arrendamiento, y el arrendatario perderá su derecho.

Este criterio modifica la situación actual, en la que los compradores de una vivienda arrendada deben permitir la continuación del arrendamiento al menos hasta el período de 5 años que exige la vigente Ley.

4.- Agilización del procedimiento de desahucio.

A pesar de las recientes reformas en el procedimiento de desahucio (el denominada “desahucio express”), se regulan nuevas medidas para su agilización, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible, siempre que se trate de arrendamientos inscritos en el Registro de la Propiedad.

 Si consta en el contrato, la falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial, sin necesidad de obtener una sentencia declarativa.

Se añaden medidas como la “simplificación de los procedimientos judiciales”, o “duplicar la capacidad de los juzgados”, las cuales cabe ver cómo pueden desarrollarse a la práctica y en qué difieren del actual procedimiento de desahucio.

 Cabe señalar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2011 ya reguló un procedimiento de desahucio ágil, equiparado al monitorio, que pudiera permitir una reducción importante en los plazos procesales.

La nueva regulación no introduce mejoras sustanciales a dicho procedimiento, por cuanto es la ejecución la fase del procedimiento que más se demora, y tampoco se vislumbra un panorama económico nacional  favorable a duplicar la capacidad de los juzgados que permitan cumplir las expectativas.

Recuerde que estamos a su disposición para atender sus consultas. 

Hágalo a través de este  Blog.

En FORNELL CONSULTORS estaremos encantados de poder  ofrecerles nuestras mejores respuestas y consejos.

SOMOS ADMINISTRADORES DE FINCAS,  CON ABOGADOS Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.