CONSTANCIA DEL CNAE EN ESCRITURAS Y ACUERDOS SOCIALES

individualFornell Consultors le informa de la obligación de la constancia del CNAE en las escrituras de constitución de sociedades y de acuerdos sociales para los empredendores o empresarios

De acuerdo con la Ley de Emprendedores, que entró en vigor hace unos meses, los emprendedores deberán identificar su principal actividad por referencia al código de actividad económica que mejor la describa y con el desglose que sea suficiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En los documentos inscribibles y en la primera inscripción de constitución de las correspondientes entidades en los registros públicos competentes, se expresarán los códigos correspondientes a las actividades que corresponden al respectivo objeto social de cada entidad inscribible.

Estimado cliente/colaborador:

La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (más conocida como “Ley de Emprendedores”), introdujo una serie de medidas con relación a la clasificación por actividad de los emprendedores o empresarios.

 

En concreto, el artículo 20 de la Ley de Emprendedores, contiene una serie de medidas con incidencia en el Registro Mercantil. Aunque el título de dicho artículo se refiere a la “sectorización universal de los emprendedores”,   dado el concepto amplio que de emprendedor tiene la Ley, debemos considerar que debe ser aplicable a los empresarios, personas físicas o jurídicas, en general.

 

Estas medidas son las siguientes:

 

1. En sus relaciones con las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, los emprendedores o empresarios  deberán identificar su principal actividad por referencia al código de actividad económica que mejor la describa y con el desglose que sea suficiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o CNAE. Ese CNAE debe ser único para toda la administración.

 

2. En los documentos inscribibles y en la primera inscripción de constitución de las correspondientes entidades en los registros públicos competentes, se expresarán los códigos correspondientes a las actividades que corresponden al respectivo objeto social de cada entidad inscribible. En las cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código.

 

Liderazgo 3Aquí la duda que se puede plantear es si va a ser necesario expresar los CNAE de todas las actividades comprendidas en el objeto de la sociedad, lo que a veces puede ser una tarea pesada y dificultosa o bien tanto sólo deberá expresarse el CNAE que corresponda a la actividad principal de la sociedad, sin necesidad de consignar ningún otro.

Ello sin perjuicio, claro está, de que si la sociedad desarrolla varias actividades de forma simultánea se consignen todos los códigos relativos a ellas. Pero, a los efectos de la inscripción, bastará con designar una sola actividad, precisamente la que corresponda a su objeto principal y que mejor la describa. Creemos que la finalidad de la norma es clarificar la actividad de la sociedad frente a los socios y terceros y poco lo clarificaría si hubiera de consignarse en la escritura todos los CNAE que corresponden a los diversas actividades comprendidas en el objeto de la sociedad sean o no desarrolladas por la sociedad.

 

No obstante, en la Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que permite la inscripción de determinado inciso del objeto social de una sociedad,  se hace una consideración muy importante en relación con el artículo 20 de la Ley 14/2013, señalando que una vez entrada en vigor la Ley de Emprendedores en la primera inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil se deberán hacer constar “los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que correspondan al objeto social”.

 

Por tanto, de acuerdo con esta Resolución parece que es obligatoria la consignación de todos los CNAES  correspondientes a todas las actividades a desarrollar por la sociedad. 

 

3. Por último, señala la norma que los registros públicos en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes. Las dudas que se susciten sobre su corrección serán resueltas mediante resolución del Instituto Nacional de Estadística a quien el Registrador someterá la decisión última.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

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GOOGLE VULNERA LA PROTECCIÓN DE DATOS

SoledadNuestra Agencia Española de Protección de Datos sanciona a Google por vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha constatado que Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros “usuarios pasivos” que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo.

Estimado cliente/colaborador:

Se ha dictado la RESOLUCIÓN: R/02892/2013, por la cual la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone fin al procedimiento iniciado a la empresa Google en relación con la compatibilidad de su política de privacidad y las condiciones de uso de sus servicios con la normativa española de protección de datos.

 

La Resolución concluye declarando la existencia de tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), impone a Google una sanción de 300.000 euros por cada una de ellas y requiere a la compañía para que adopte sin dilación las medidas necesarias para cumplir con las exigencias legales.

 

En el marco de la investigación realizada, la AEPD ha constatado que Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros “usuarios pasivos” que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo.

 

Como consecuencia de ello, la Agencia considera que Google vulnera gravemente el derecho a la protección de los datos personales reconocido a todos los ciudadanos por el artículo 18 de la Constitución Española y regulado en la LOPD.

 

Img28112008152628339560Las actuaciones de inspección han permitido comprobar que Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares.

Así, por ejemplo, no se informa con claridad a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad. Cuando se informa, se utiliza una terminología imprecisa, con expresiones genéricas y poco claras que impiden a los usuarios conocer el significado real de lo que se plantea. Es demostrativo que en ocho páginas Google emplea hasta en 30 ocasiones términos como “podremos”, “podrá”, “podrán” o “es posible”.

 

Todo ello, sumado a otras expresiones sumamente ambiguas como “mejorar la experiencia del usuario”, da lugar a una política de privacidad indeterminada y poco clara. La falta de información adecuada, particularmente sobre las finalidades específicas que justifican el tratamiento de los datos, impide que pueda considerarse que existe un consentimiento específico e informado y, en consecuencia, válido.

 

Por otra parte, Google combina la información personal obtenida a través de los diversos servicios o productos para utilizarla con múltiples finalidades que no se determinan con claridad, vulnerando con ello la prohibición de utilizar los datos para fines distintos de aquellos para los que han sido recabados. Esta combinación de los datos que se recogen en un servicio con los obtenidos en otros, y que permite a Google enriquecer la información personal que almacena, excede ampliamente las expectativas razonables del usuario medio, que no es consciente del carácter masivo y transversal del tratamiento de sus datos. Al actuar así, Google se sirve de una tecnología sofisticada que sobrepasa la capacidad de la mayoría de los usuarios para tomar decisiones conscientes sobre el uso de su información personal por lo que, en la práctica, pierden el control sobre la misma.

 

En contra de lo exigido por la legislación española, Google almacena y conserva datos personales por periodos de tiempo indeterminados o injustificados, contraviniendo con ello el mandato legal de proceder a su cancelación cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que determinó su recogida. La conservación de los datos por tiempo indefinido, más allá de las exigencias que se derivan de las finalidades pretendidas en el momento de la recogida, constituye un tratamiento ilícito.

 

Finalmente, la AEPD concluye que Google obstaculiza -y en algunos casos impide- el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El procedimiento que los ciudadanos deben seguir para ejercer sus derechos o gestionar su propia información personal les obliga a recorrer un número indeterminado de páginas, dispersas en varios enlaces, que no están disponibles para todos los tipos de usuarios y, en ocasiones, con denominaciones que no siempre hacen referencia a su objeto. La propia compañía reconoce que hay que ejecutar al menos siete procesos diferentes, reservándose incluso el derecho de no atender las solicitudes que supongan “un esfuerzo desproporcionado”.  Fuente: AEPD

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

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Ley Orgánica de Protección de Datos

IN MEMORIAN SR. RAMON FORNELL ARMENGOL

GetAttachment.aspxEste pasado viernes, 13 de Diciembre del 2013 ha fallecido en su residencia de Menorca, RAMON FORNELL ARMENGOL, uno de los  fundadores de FORNELL CONSULTORS, S.L.P.

Gestor Administrativo de profesión, fundó en 1951 con su hermano José, abogado, una pequeña gestoría administrativa y de asesoramiento jurídico.

Este despacho es el que, a través de los años y del esfuerzo de  ellos y de nuevos  socios y profesionales  incorporados,  se ha ido convirtiendo en el que es ahora un despacho de Consultoría multidisciplinar:  FORNELL CONSULTORS, S.L.P.

Hombre honrado, gran profesional, discreto e íntegro.

Todos los socios profesionales, empleados y colaboradores del despacho, agradecemos al Sr. Ramón Fornell Armengol que en el año 1951 pusiese “las primeras piedras” a lo que es desde hace muchos años  nuestra casa.

Ultima celebración en el despacho en su 80 aniversario, en el año 2007.

GetAttachment.2aspxLa vida…..és una oportunitat, aprofita-la

és un somni, fes-lo realitat

és un repte, afronta’l

és un deure, compleix-lo

és tristesa, supera-la

és felicitat, mereix-la

Sempre en la nostre memòria, Sr. Ramon!!

ESTÁ SU EMPRESA PREPARADA PARA EL SEPA?

man with laptop on colorful beach of islandEstá su empresa preparada para el SEPA?

Esta semana, previa a la Navidad, FORNELL CONSULTORS le acerca hacia el nuevo Régimen SEPA, regulador del sistema de todas las transferencias y domiciliaciones bancarias que se realicen en España y países de la zona Euro.

El 1 de febrero de 2014 es la fecha límite para que los instrumentos de pago nacionales sean reemplazados por los nuevos instrumentos de la SEPA (“Zona Única de Pagos en Euros”). A partir de esa fecha todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto de los países de la zona euro serán únicamente posibles a través del régimen SEPA.  Entre otras implicaciones prácticas, afectará a la actividad comercial porque se deberá transformar o migrar los datos de las cuentas corrientes de los clientes y proveedores al nuevo código IBAN.

Estimado/a cliente/a:

El 1 de febrero de 2014, marcará un antes y un después en la forma en la que estamos llevando a cabo nuestras relaciones de cobros/pagos entre clientes y proveedores. A partir de dicha fecha, todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto de los países de la zona euro serán únicamente posibles a través del régimen SEPA (“Single Euro Payments Area”, en español:Zona Única de Pagos en Euros). Además, este nuevo espacio común permitirá que todos los consumidores comunitarios disfruten de las mismas condiciones a la hora de utilizar estos mecanismos.

 

Adelántese a la fecha final y empiece ya a utilizar los instrumentos SEPA.

 

file2701271716451¿Qué es SEPA?

 

SEPA es la iniciativa que permite que particulares, empresas y otros agentes económicos realicen sus pagos en euros, tanto nacionales como internacionales, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, con independencia del lugar en que se encuentren.

 

La zona SEPA está integrada por los 27 países miembros de la Unión Europea, así como por Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza.

 

El proyecto SEPA hace posible que los usuarios de transferencias bancarias, domiciliaciones y tarjetas de estos 32 países dispongan de un único conjunto de estándares y normas, mejorando así la sencillez de las transacciones de pago, la seguridad y la eficacia.

 

Tipos de instrumentos de pago SEPA 

 

La zona única se basa en tres instrumentos de pago:

  • Las transferencias SEPA (que sustituyen a las actuales transferencias nacionales)
  • Los adeudos directos SEPA, en lugar de las actuales domiciliaciones de recibos españolas.
  • Las actuales tarjetas bancarias de pago.

 

Estos instrumentos de pago no diferencian entre el uso nacional y transfronterizo, cumplen estándares internacionales, están sometidos a un marco legal armonizado y permiten su proceso de forma totalmente automática.

 

 

 

A TENER EN CUENTA…

 

Además de fijar una fecha final de migración a SEPA, el Reglamento 260/2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, recoge una serie de requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, de obligado cumplimiento, que garantizarán el establecimiento efectivo de la zona SEPA:

 

Obligatorio desde el 31 de marzo de 2012:

 

• Cualquier cuenta de pago que permita realizar transferencias y/o adeudos nacionales deberá permitir realizar transferencias y/o adeudos SEPA.

 

Obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014:

 

• El IBAN será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, reemplazando a los actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el caso español).

• El deudor podrá requerirle a su proveedor de servicios de pago que límite la cuantía y/o periodicidad de las domiciliaciones o bien que verifique —si no se prevé el reembolso— si dicho importe y periodicidad son correctos, según lo acordado en la orden.

Asimismo, también podrá autorizar solo los adeudos de determinados beneficiarios o bien bloquear los provenientes de ciertos beneficiarios.

• El uso de los formatos ISO 20022 XML para la transmisión de transferencias y adeudos entre los proveedores de servicios de pagos o entre estos y sus usuarios, siempre que estos no sean ni consumidores ni microempresas.

• El deudor deberá dar su consentimiento con carácter previo a una operación de adeudo.

Lo establecido por el Reglamento 260/2012 se complementa con la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, que, si bien no es de aplicación exclusiva para los instrumentos SEPA, es fundamental para el desarrollo de la iniciativa.

 

La Ley tiene tres bloques fundamentales, dedicados a establecer, respectivamente:

• Los requisitos de información que todos los proveedores de servicios de pago deben cumplir, mejorando la transparencia hacia los clientes.

• Los derechos y deberes de los usuarios y de los proveedores de servicios de pago.

• El régimen jurídico de una nueva figura de proveedores de servicios de pago, las entidades de pago, que permitirá una mayor competencia en  la provisión de servicios de pago.

 

 

1368551029_0Cómo le afectan estos cambios a su negocio o actividad

 

La creación de un mercado único de pagos supone la eliminación de las diferencias entre los pagos nacionales y los intracomunitarios, por lo que todos los tendrán las mismas condiciones, derechos y obligaciones, independientemente del área geográfica donde se realicen.

 

No obstante, debe tener en cuenta una serie de factores que afectarán a su negocio. 

 

Normalmente, los autónomos y pequeñas empresas no suelen tener una estructura financiera o contable demasiado complicada, por lo que la adaptación será mucho más sencilla que para las medianas o grandes empresas.

 

Sin embargo, antes de la implantación de éste nuevo sistema a partir de febrero de 2014, deberá realizar una serie operaciones que permitan ajustar la contabilidad y sistema de pagos de su empresa a la nueva normativa:

 

1. Deberá solicitar el IBAN a todos tus clientes, proveedores o entidades con los que mantenga una relación comercial y sustituir el Código Cuenta Cliente (CCC) por éste, actualizando luego los datos y ficheros contables relativos a pagos y transacciones.

 

2. También tendrá que adaptar sus documentos contables o comerciales, como facturas, a la nueva normativa, así como el pago de las nóminas de sus empleados vía transferencia bancaria. Deberá revisar y en su caso adecuar documentos comerciales tales como facturas, talones, contratos, folletos, páginas webs, etc.

 

3. Deberá solicitar una autorización expresa y firmada (un mandato normalizado) tanto a nuevos clientes como para adeudos a otras empresas en los que le autoricen a realizarlos. Tiene la responsabilidad de guardar las autorizaciones de sus clientes con el fin de poder domiciliar adeudos (generar recibos domiciliados SEPA) a través de un mandato único normalizado. 

 

 

Aspectos concretos de la aplicación de los nuevos instrumentos SEPA

Resumidamente os exponemos las implicaciones prácticas para los usuarios de la aplicación del SEPA a partir del 1 de febrero de 2014.

Cuentas bancarias

Se identificarán con el código internacional IBAN (que se construye a partir del tradicional Código Cuenta Cliente-CCC-usado en España), mientras que las entidades bancarias se identifican mediante el código internacional BIC. Ambos códigos ya vienen siendo facilitados actualmente por las entidades bancarias (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.), y a partir del 1 de febrero del 2014 todas las operaciones de pago se basarán exclusivamente en estos códigos.

 

Por tanto, su actual número de cuenta de 20 dígitos evoluciona al IBAN, que cuenta con 24 dígitos, formados a partir del CCC más la identificación del país de origen y 2 dígitos de control.

 

Usted debería acostumbrase a ambos códigos, especialmente al IBAN, ya que a partir del 1 de febrero de 2016 será el único código requerido. Recuerde que el 1 de febrero de 2014 es la fecha final de migración a SEPA. Contacte con su entidad para conocer ambos códigos o utilice el siguiente enlace para obtenerlos a partir de su CCC:

http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm

 

Además, debe saber que su entidad ejecutará las operaciones de pago basándose exclusivamente en estos códigos.

·         Plazos de ejecución: el plazo máximo de ejecución de las operaciones será de un día hábil.

·         Fecha valor y disponibilidad de fondos: En las operaciones emitidas la fecha valor no podrá ser anterior al momento de cargo en su cuenta. Y en las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por su entidad, y la disponibilidad de los fondos será inmediata después de dicha recepción. Siendo de aplicación tanto a las transacciones nacionales como transfronterizas.

·         Información sobre los pagos: si un instrumento de pago lleva aparejados recargos o reducciones la entidad financiera deberá informar sobre los mismos.

·         Gastos compartidos: para mejorar la transparencia se estandariza que el ordenante abonará los gastos cobrados por su entidad y el beneficiario, en caso de que los hubiera, pagará los gastos cobrados por la suya.

·         Asimismo, las comisiones cobradas por su entidad en relación con pagos transfronterizos serán iguales a aquellas que le cobraría por operaciones nacionales equivalentes.

·         Información de los gastos: los gastos asociados a las operaciones de pago se liquidarán al margen del importe de la operación, lo que favorecerá la transparencia e información de las operaciones.

·         Seguridad: el consumidor dispone de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas. Y salvo fraude o negligencia grave, su responsabilidad por pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de un instrumento de pago extraviado o sustraído (por ejemplo, una tarjeta) se limitará a un máximo de 150 euros.

festivosTransferencias

La transferencia SEPA es un instrumento de pago básico para efectuar abonos en euros, sin límite de importe, entre cuentas bancarias de clientes en el ámbito de la SEPA, de forma totalmente electrónica y automatizada.

A partir del 1 de febrero de 2014 todas las transferencias se realizarán conforme al código IBAN, sin que sean exigibles verificaciones adicionales por parte de las entidades.

Recibos Domiciliados

  • Firma de órdenes de domiciliación: Como hasta ahora, para que algún emisor de recibos pueda originar el cargo de un importe en su cuenta, debe contar con su autorización expresa. En SEPA, es posible que los emisores de recibos le hagan llegar nuevos formatos para la orden de domiciliación en la que autoriza dicho cargo.

 

No obstante, la Ley de Servicios de Pago y el Reglamento 260/2012 mantienen la validez de los consentimientos emitidos antes de su entrada en vigor, así como de aquellos que sigan emitiéndose durante el proceso transitorio (hasta el 1 de febrero de 2014) según el esquema de adeudo nacional actualmente existente.

 

  • Devolución de recibos: Se somete a la normativa de servicios de pago, destacando:

 

a) Hay un plazo máximo de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas.

 

b) El consumidor dispone de 8 semanas para devolver recibos autorizados, siempre que, cuando se dio la autorización, esta no especificase el importe exacto y dicho importe supere el que el ordenante podía esperar razonablemente.

 

El plazo para que su entidad le devuelva los cargos o rechace la devolución es de 10 días hábiles.

Tarjetas

La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) establece un marco general en el que los titulares de tarjetas pueden hacer pagos y retirar efectivo en euros dentro de la SEPA, con la misma facilidad y comodidad que en sus países de origen.

·         Chip EMV: su entidad de crédito le habrá renovado su tarjeta de débito o crédito incluyendo un chip en el nuevo modelo. Además, en los comercios, en vez de utilizar la banda magnética, se introduce la tarjeta en los dispositivos para leer el chip EMV.

·         PIN: con la llegada del chip, en lugar de la firma, en general le será requerido su número personal para autorizar la operación. Ello redunda en su seguridad, ya que su número es secreto y no le pueden falsificar la firma.

foto_noiaPueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS CAMBIOS

Próximos cambios en la Ley de Defensa del Consumidor

 

Se amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de catorce días naturales (en caso de no haber recibido la información precisa, se amplía hasta doce meses).  Las empresas deberán mostrar el precio final antes de que se concluya la transacción, que deberá ser aceptado por el usuario. En los contratos telefónicos el consumidor solo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. Además,  se obliga a que las líneas habilitadas por las empresas para comunicarse con sus clientes (por ejemplo, teléfonos que comienza con 902  o similares “llamadas de atención al cliente”) no tengan un precio superior al de la tarifa básica.

Estimado/a cliente/a:

El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, actualmente en trámite parlamentario, introduce cambios importantes que tratan fundamentalmente de proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas en las contrataciones de servicios a distancia o en las compras on line.

 

Con esta norma se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores. Se trata de una regulación necesaria, si se tiene en cuenta el importante crecimiento del comercio electrónico y las transacciones a distancia en los últimos años en España.

 

PRINCIPALES EJES DE LA REFORMA

 

  1. Información. Se amplía la información precontractual que, por Ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible.

 

  1. Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los siete días hábiles actuales a catorce días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a doce meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

 

  1. Nuevos derechos. El Proyecto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros.

 

emocionesPRINCIPALES NOVEDADES

 

1. Concepto  más amplio de consumidor y usuario

 

  • Entre las definiciones nuevas que incluye la norma, cabe destacar el concepto de consumidor y usuario que engloba a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores y usuarios a efectos de la ley, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

 

  • En cuanto al concepto de empresario, se define como tal a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

 

2. Nueva definición de contrato a distancia y concepto de establecimiento mercantil

 

  • Se incorpora a la norma una nueva definición de contrato a distancia que abarca todos los casos en que los contratos se celebran entre el empresario y el consumidor y usuario en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, exclusivamente mediante el uso de una o varias técnicas de comunicación, como pueden ser la venta por correo, Internet, teléfono o fax, hasta el momento en que se celebra el contrato y con inclusión de ese momento.

 

  • Dicha definición abarca también las situaciones en las que el consumidor y usuario únicamente visita el establecimiento mercantil de la empresa con el propósito de recabar información sobre los bienes o los servicios y la negociación y celebración subsiguiente del contrato tienen lugar a distancia. El concepto de sistema organizado de prestación de servicios o de venta a distancia incluye los sistemas ofrecidos por un tercero distinto del empresario pero utilizado por éste, como una plataforma en línea. No obstante, no cubre los casos en los que las páginas Web ofrecen información solamente sobre el empresario, sus bienes o servicios y sus datos de contacto.

 

  • La definición abarca también aquellas situaciones en que se establece contacto personal e individual con el consumidor y usuario fuera del establecimiento, aunque luego el contrato se celebre inmediatamente después en el establecimiento mercantil del empresario o a través de un medio de comunicación a distancia.

 

  • Las compras realizadas en el curso de una excursión organizada por el empresario durante la cual éste promociona y vende los productos que se adquieren, se consideran también contratos celebrados fuera del establecimiento.
  • Se incorpora el concepto de establecimiento mercantil, que comprende todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o camiones) que sirvan al empresario como local de negocios permanente o habitual. Si cumplen esta condición, los puestos de mercados y los stands de feria se consideran también como establecimientos mercantiles. Asimismo, se considera un establecimiento mercantil la instalación de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma estacional, por ejemplo, durante la temporada turística en una estación de esquí o en una zona de playa, puesto que el empresario ejerce allí su actividad de forma habitual. Sin embargo, los espacios accesibles al público, como calles, centros comerciales, playas, instalaciones deportivas y transportes públicos, que el empresario utilice de forma excepcional para su actividad empresarial, así como los domicilios privados o lugares de trabajo, no se consideran establecimientos mercantiles.

 

1468280003_48af6d14ef_z2. Se amplía la información que deberá ser facilitada a los consumidores

 

La nueva ley supondrá un reforzamiento de la información al consumidor y usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con consumidores y usuarios, que en el caso de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento del empresario han sido objeto de plena armonización por parte de la directiva europea.

 

  • Los empresarios deberán informar a los consumidores y usuarios de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se  bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor y usuario.

 

  • También deberán informar de la existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la existencia y condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso. Además, en los contratos de suministro de contenido digital, deberán informar de las distintas formas de utilización del mismo y de cualquier limitación técnica, como son la protección a través de la gestión de los derechos digitales o la codificación regional, así como de toda interoperabilidad relevante con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa razonablemente esperar que deba conocer, con objeto de describir la información relativa a los aparatos y los programas estándar con los que el contenido digital es compatible, por ejemplo el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos.

 

  • En los contratos a distancia, se adaptan los requisitos de información para tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos medios de comunicación, como las limitaciones de número de caracteres en determinadas pantallas de teléfono móvil o de tiempo en los anuncios de ventas televisivos. En tales casos, el empresario deberá respetar un conjunto mínimo de requisitos de información y remitir al consumidor y usuario a otra fuente de información, por ejemplo facilitando un número de teléfono gratuito o un enlace a una página Web del empresario donde la información pertinente esté directamente disponible y sea a fácilmente accesible.

 

  • Se regula igualmente los requisitos formales de los contratos a distancia y de los celebrados fuera  del establecimiento, y contempla como novedad la exigencia de que los sitios Web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción  de suministro y cuáles son las modalidades de pago que se aceptan.

 

3. Regulación más amplia del derecho de desistimiento

 

Se regulan como novedades sobre el derecho de desistimiento:

 

  • La determinación de un modelo de formulario normalizado a través del cual el consumidor puede si lo desea ejercitar este derecho, el cual también puede estar disponible on-line.

 

  • La ampliación del plazo para su ejercicio de 7 días hábiles a 14 días naturales y, en el caso de que no se facilite la información sobre el derecho de desistimiento, hasta 12 meses.

 

  • La posibilidad de que la empresa pueda exigir al consumidor el pago de los gastos de devolución, si así le ha informado al consumidor.

 

  • La obligación de la empresa de devolver todos los importes que el consumidor hubiese satisfecho excepto los gastos de entrega que sean superiores a los gastos de entrega normal de los bienes, en el plazo de 14 días contados desde el día en el que manifestó que deseaba ejercitar el derecho de desistimiento. No obstante, salvo en caso de que la empresa se haya ofrecido a recoger los bienes, la empresa puede retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor haya presentado una prueba de la devolución de los bienes.

 

2. Medidas contra los “cargos encubiertos”

 

  • La reforma busca acabar con los “cargos encubiertos” de las compras por Internet. Así, a partir de ahora las empresas deberán mostrar el precio final antes de que se concluya la transacción, que deberá ser aceptado por el usuario. El empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.

 

  • Se establece la obligación de los empresarios de facilitar de forma precontractual la información sobre los gastos que irán vinculados a la forma de pago, transporte, entrega u otros. De esta forma, las empresas deberán mostrar el precio final antes de formalizar la contratación.

 

  • Así mismo, en lo que se refiere a los medios de pago, se impide facturar al consumidor un coste superior al que debe satisfacer el empresario. Un ejemplo claro de ello lo tenemos con la compra de un billete de avión a través de Internet, donde si el pago se realiza mediante tarjeta de crédito ello comporta un cargo mayor.

 

  • Como consecuencia, se prevé que si el empresario no cumple con dichos requisitos de información, el consumidor no estará obligado al pago de dichos gastos, pudiendo recuperar la diferencia entre el coste inicial y el final. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.

 

foto_noiaNúmeros  902 o similares

 

  • En el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.

 

  • Esta medida trata de que los usuarios para comunicarse con las compañías se vean obligados a llamar a un número 902 o similares, cuyo coste es superior a las llamadas entre fijos o móviles. Sin embargo, no se especifica que se entiende por tarifa básica y si estará incluida en las tarifas planas o no.

 

Contratos telefónicos

 

  • En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.

 

  • La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito, ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

 

Otras novedades

 

  • Con respecto a la entrega de los bienes, la norma prevé que en aquellos casos en que el empresario no ha hecho entrega de los mismos en el plazo convenido con el consumidor y usuario, este último, antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional.

 

  • En relación con el uso de medios de pago por parte de los consumidores y usuarios, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por éstos por el uso de tales medios de pago.

 

  • En cuanto al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes, la norma establece disposiciones dirigidas a proteger al consumidor y usuario de todo riesgo que pueda tener lugar antes de que haya adquirido la posesión material de los mismos.

 

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NUEVAS FORMAS DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

Después de la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores ¿Qué formas hay para constituir una Sociedad?

Con la aprobación de la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor FORNELL CONSULTORS LE INFORMA DE QUE desaparecen las llamadas sociedades express, y se sustituyen por dos nuevas formas de constituir las sociedades por medios telemáticos, según se utilicen o no los estatutos tipo. No obstante, sigue siendo posible la constitución de la sociedad en papel, con presentación física o telemática en el registro.

Estimado/a cliente/a:

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (más conocida como “Ley de Emprendedores”), que entró en vigor el día 29 de septiembre, introduce novedades importantes sobre las nuevas formas de constitución de sociedades que suponen un cambio sustancial con las existentes actualmente.

 

IMATGE_1554dc3a0e704e4a3826d33a23cc57001292Podemos destacar entre otras medidas que con la aprobación de la Ley desaparecen las llamadas sociedades express, reguladas por el Real Decreto Legislativo 13/2010 que ahora se deroga.

 

También es de destacar que se deroga la exención de tasas del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que es la fuente oficial de datos abierta a todo usuario con información relevante sobre cualquier sociedad mercantil,  por la constitución de las que llamamos sociedades “express” de siete horas y de tres días. Por tanto desde el 29 de septiembre de 2013, toda constitución de sociedad limitada, tenga el capital que tenga, está sujeta a pago de BORME y por tanto será defecto subsanable la no provisión de fondos, aunque se prevé que el emprendedor señale una cuenta o tarjeta de crédito para sufragar los costes iniciales de constitución de la sociedad.

 

Nuevas formas de constitución de sociedades

 

Podemos hablar de dos nuevas formas de constituir las sociedades por medios telemáticos, según se utilicen o no los estatutos tipo. Huelga decir que sigue siendo posible la constitución de la sociedad en papel, con presentación física o telemática en el registro. Por lo tanto, las formas para constituir una sociedad en la actualidad son, en síntesis, las siguientes:

 

1ª. Constitución en papel y con presentación física en el registro: Se le aplican las reglas ordinarias en cuanto a calificación, inscripción y plazos de despacho.

 

2ª. Constitución en papel y con presentación telemática desde la notaría. Igualmente se aplican las reglas ordinarias. Estas dos formas serán las que obligatoriamente deban utilizarse para constituir una sociedad anónima o comanditaria por acciones. También pueden ser utilizadas para la constitución de sociedades limitadas.

 

clientes_satisfechos3ª. Constitución telemática de sociedades limitadas con estatutos tipo, actuando la notaría como PAE[1] (punto de atención al emprendedor) y gestionándola a través del CIRCE (Centro de Información y red de creación de empresas):

 

  • Plazo de 12 horas para el otorgamiento de la escritura desde el inicio de la tramitación, es decir, desde que se suscriba el DUE (Documento único electrónico)[2].
  • Plazo de 6 horas para la calificación e inscripción.

 

No hay más condicionamiento que el que los estatutos sean estandarizados. Por tanto los fundadores y el capital podrán ser cualquiera, en cuanto a número y cuantía, personas físicas y jurídicas y el órgano de administración también podrá ser cualquiera de los regulados en la Ley de Sociedades de Capital.

 

4ª. Constitución telemática de sociedades limitadas con estatutos tipo directamente a través del CIRCE y con cita notarial en su agenda electrónica. Igual que el caso anterior si bien aquí el notario recibirá el aviso de otorgamiento por  medio del CIRCE.

 

5ª. Constitución de sociedades limitadas sin estatutos tipo, actuando la notaría como PAE y gestionada a través del CIRCE. El plazo notarial es el mismo que con estatutos tipo. El interesado puede optar por pedir a través del PAE la denominación o aportarla él directamente. Por lo que se refiere a los plazos de inscripción en el registro de estos tipos de sociedades se prevé:

 

  • Despacho inicial por el Registro en seis horas indicando denominación domicilio, objeto, capital y órgano de administración;
  • Despacho definitivo en el plazo ordinario.

 

6ª. Constitución de sociedades limitadas sin estatutos tipo, directamente a través del CIRCE  y con uso de la agenda notarial electrónica. Igual que la anterior con cita al notario por medio del CIRCE.

 

7ª. Finalmente, y ya como forma residual, la constitución de la sociedad limitada nueva empresa (SLNE) por medio del CIRCE.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

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ATENCION – NUEVA FORMA PARA NEGOCIAR LAS DEUDAS EMPRESARIALES

Un nuevo procedimiento de negociación de deudas de los empresarios: El Acuerdo extrajudicial de pagos

Fornell Consultors le informa esta semana de una de las novedades más significativas que introduce la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor  en el ámbito concursal son los denominados acuerdos extrajudiciales de pagos y la figura del mediador concursal que los supervisa. Los acuerdos extrajudiciales de pagos suponen una alternativa para la negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

Estimado cliente/colaborador:

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (más conocida como “Ley de Emprendedores”), introduce reformas de la más variada índole. En materia concursal, se flexibiliza el requisito del quórum de acreedores financieros necesario para la homologación judicial de acuerdos de refinanciación y se regulan los acuerdos extrajudiciales de pagos como mecanismos de negociación extrajudicial con los acreedores.

 

leadership_typesEn concreto, por su novedad e importancia en el ámbito concursal, queremos informales de este nuevo procedimiento, que se introduce en la Ley Concursal, denominado “Acuerdo extrajudicial de pagos”, un mecanismo que pretende la negociación extrajudicial de un “Plan de Pagos” (excluidas las deudas de derecho público, por ejemplo con la Seguridad Social y Hacienda) con los acreedores, como alternativa al concurso y al Acuerdo de Refinanciación Formal.

 

Acuerdo Extrajudicial de Pagos

 

La regulación de los acuerdos extrajudiciales de pagos entrará en vigor a los 20 días de la publicación de la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor en el BOE (28-09-2013) y resultará aplicable únicamente a los concursos declarados después de tal fecha (los concursos declarados con anterioridad a dicha fecha seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal anterior).

 

¿Quién puede negociar un Acuerdo extrajudicial de pagos?

 

Solo pueden negociarlo el empresario persona natural con insolvencia actual o inminente y con un pasivo inferior a 5 millones de euros; y la persona jurídica en estado de insolvencia con menos de 50 acreedores o con un activo o pasivo inferior a 5 millones de euros, siempre que en ambos casos se puedan sufragar los gastos del acuerdo y el patrimonio e ingresos previsibles permitan un acuerdo viable.

 

No podrán negociar este tipo de acuerdos quienes en los últimos 3 años hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial, homologado un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declarados en concurso; quienes negocien un Acuerdo de Refinanciación Formal o hayan solicitado la declaración de concurso y su solicitud hubiera sido admitida a trámite; y quien tenga un acreedor en situación de concurso que se vaya a ver afectado por el acuerdo.

 

¿Qué créditos se ven afectados?

 

Los créditos de derecho público y los créditos con garantía real (los acreedores titulares de créditos con garantía real deberán comunicar expresamente al mediador su intención de intervenir en el acuerdo extrajudicial en el plazo de un mes desde la recepción de la convocatoria a la reunión con los acreedores) no podrán verse afectados por el acuerdo, salvo aceptación expresa de sus titulares. El resto de créditos, incluyendo laborales, proveedores, entidades financieras (que no gocen de garantía real), e incluso créditos subordinados, se verán afectados por el acuerdo en condiciones de igualdad.

 

Una vez admitida la solicitud de Acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor deberá solicitar el aplazamiento de los créditos de Derecho Público pendientes de ingreso. El acuerdo que resuelva el fraccionamiento o aplazamiento de dichos créditos se dictará cuando se formalice el acuerdo extrajudicial de pagos y tendrá como límite la espera pactada en éste, aunque la periodicidad de los plazos podrá ser diferente.

 

Términos del acuerdo: contenido del plan de pagos

 

En cuanto al contenido del plan de pagos que se proponga a los acreedores, la espera o moratoria no podrá superar los tres años y la quita o condonación no podrá superar el 25% del importe de los créditos, e incluirá una propuesta de negociación de las condiciones de préstamos y créditos y, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia.

 

6829381157_8edcb521e5-240x180¿Quién es el mediador concursal?

 

La negociación y conclusión del acuerdo corresponde al denominado “mediador concursal”, que será designado por el Registrador Mercantil del domicilio del deudor si éste es un empresario o una entidad inscribible. En caso contrario, será designado por un Notario.

 

El mediador será una persona natural o jurídica inscrita en el nuevo Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia y, además de las condiciones exigidas por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, deberá reunir la condición de abogado, economista o auditor con al menos cinco años de experiencia profesional efectiva. Sus honorarios se establecerán de acuerdo con el arancel aprobado para los administradores concursales.

 

¿Cómo se desarrolla el procedimiento?

 

  • El deudor solicitará el nombramiento de un mediador concursal a un notario de su domicilio, si es persona física, o al Registrador Mercantil del domicilio social, si es empresario o persona jurídica inscribible en el Registro Mercantil. En la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, una lista de acreedores (incluyendo a los titulares de créditos de derecho público y a los que gocen de garantía real), una relación de contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos.

 

  • El nombramiento recaerá de forma secuencial entre las personas que figuren en la lista que suministre el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.

 

  • Una vez aceptado su nombramiento, el mediador comprobará la existencia y la cuantía de los créditos, remitirá a los acreedores un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud y los convocará a una reunión que se celebrará dentro de los 2 meses siguientes.

 

  • Los acreedores dispondrán de un plazo de 10 días naturales desde el envío de la propuesta de pago por el mediador para presentar alternativas o modificaciones al plan. Si durante ese plazo los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente se verá afectado por el acuerdo -excluidos los créditos con garantía real y los de derecho público- decidieran no continuar con las negociaciones, el mediador deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso del deudor.

 

  • Deberán asistir a la reunión todos los acreedores convocados que no hubieran manifestado su aprobación u oposición. En caso contrario, sus créditos se calificarán como subordinados si la negociación fracasa y se declara el concurso del deudor.

 

  • En la reunión podrán modificarse el plan de pagos y el plan de viabilidad que lo acompaña, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los acreedores que no asistan por haber manifestado su posición en el plazo de diez días antes citado.

 

  • Por lo que se refiere al quórum necesario para la aprobación del plan, se exige el voto favorable de al menos el 60% del pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo (si el plan contempla la cesión de bienes en pago, el porcentaje se eleva al 75% y se requiere el voto favorable de los acreedores con garantía real sobre los bienes afectados). Si no se alcanzan las mayorías requeridas, el mediador solicitará inmediatamente la declaración del concurso, que se tramitará como consecutivo.

 

  • El mediador concursal supervisará el cumplimiento del acuerdo. Si estimase que ha sido incumplido, instará el concurso consecutivo.

 

¿Qué efectos tiene la iniciación del expediente?

 

El deudor que opte por negociar un acuerdo extrajudicial de pagos podrá beneficiarse de los plazos que La Ley Concursal establece para solicitar la declaración de concurso (3 meses desde la comunicación efectuada por el registrador mercantil o el notario que hubiera designado al mediador en la que se notifique al juzgado el inicio de negociaciones para la aprobación del acuerdo más 1 mes para solicitar la declaración de concurso).

 

Asimismo, desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo no podrán iniciar ni continuar ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor en tanto se negocie el acuerdo y hasta un plazo máximo de 3 meses. Esta prohibición se mantendrá una vez aprobado el acuerdo respecto de las deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. Los acreedores con garantía real podrán decidir si inician o continúan el procedimiento, en cuyo caso no podrán participar en el acuerdo extrajudicial.

 

Una vez presentada la solicitud, el deudor podrá continuar con su actividad empresarial o profesional, si bien con ciertas limitaciones como no poder solicitar financiación, tener  que devolver las tarjetas de crédito de que sea titular a la entidad emisora y no utilizar medios de pago electrónicos.

 

conflictoEspecialidades del posterior procedimiento concursal en caso de fracaso del acuerdo: Concurso consecutivo

 

Este especial procedimiento tendrá lugar en aquellos casos en que se declare el concurso a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento o anulación de dicho acuerdo, circunstancias estas que marcan las siguientes características de este tipo de concurso:

 

  • Salvo justa causa, el mediador concursal será designado administrador concursal.
  • Serán considerados como créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos generados durante la tramitación del expediente que conforme a la Ley tienen tal calificación.
  • El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Los acreedores que hubieran firmado el acuerdo de pagos no necesitarán solicitar el reconocimiento de sus créditos.
  • Cuando el deudor sea empresario persona física, si el concurso se califica como fortuito, todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación -excepto las de derecho público- serán condonadas si los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados son satisfechos en su integridad.
  • A lo anterior hay que añadir que el concurso consecutivo se abre necesariamente en la fase de liquidación (salvo en el supuesto de insuficiencia de masa activa).

 

 

Pueden ponerse en contacto con nuestros profesionales ante cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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INCREMENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE INMUEBLES EN CATALUÑA

FORNELL CONSULTORS le informa de que desde el 1 de agosto de 2013 se incrementa en Cataluña el tipo de gravamen vigente por la transmisión de inmuebles en el ITP y AJD

La transmisión de inmuebles así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, pasa de tributar de un 8% a un 10%.

Img0112200809123772500Estimado cliente/colaborador:

En el Diario Oficial de la Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 22 de julio de 2013, se ha publicado la LEY 1/2013, de 16 de julio, del tipo impositivo aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles, que ha entrado en vigor el día 1 de agosto de 2013.

 

Cataluña, como todas las economías de su entorno, está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y financiera internacional.

 

En ejercicio de la capacidad normativa atribuida a las comunidades autónomas para regular determinados aspectos y elementos de los tributos cedidos por el Estado, y ante la situación económica actual de déficit , se considera que debe incrementarse en dos puntos el tipo de gravamen vigente por la transmisión de inmuebles en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD): así, se pasa del 8% al 10%.

 

Se mantienen, sin embargo, los tipos actuales aplicables a las transmisiones de viviendas de protección pública, así como para familias numerosas, para personas jóvenes y para personas con discapacidad, ya que no se quiere incrementar la carga fiscal que recae sobre aquel tipo de inmuebles ni en relación con los colectivos mencionados.

 

Por otra parte, el incremento hasta el 10% comporta equiparar el tipo impositivo de las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles al tipo vigente del IVA que grava la entrega de viviendas nuevas.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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RECARGOS A LA EMPRESA POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Img28112008144445025180Los recargos por accidente de trabajo ¿Cómo funcionan?

Para que haya recargo de prestaciones a cargo de la empresa debe haber un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como una relación de causa-efecto entre dicho incumplimiento y el accidente sufrido por el empleado. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50%.

Estimado cliente/colaborador:

Los accidentes de trabajo son hechos que desencadenan una pluralidad de posibles actuaciones por parte del trabajador, así como también de posibles vías de indemnización y compensación, se trata de un conjunto complejo de prestaciones y/o actuaciones que es conveniente no dejar desatendido, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa.

 

En este caso,  desde Fornell Consultors vamos a detenernos en explicarle los recargos de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo.

 

Concepto del accidente de trabajo

 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

 

Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

 

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

 

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

 

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

 

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

 

e) Las enfermedades, no incluidas dentro del concepto de las enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

 

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

 

Atención.  Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

 

No obstante no tendrán la consideración de accidente de trabajo:

 

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

 

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

 

No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

 

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

 

img_riesgosRecargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo

 

Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

 

Atención. Cuando un trabajador tiene derecho a una prestación derivada de un accidente de trabajo puede reclamar un recargo de entre el 30% y el 50% del importe de la prestación. El plazo para reclamar es de cinco años (contados desde que se le reconoce la última prestación).

 

Responsabilidad

 

La responsabilidad del pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

 

La responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

 

Eso sí, este recargo no es automático. Para que la empresa sea declarada responsable deben darse algunos requisitos:

 

  • Que el accidente derive de un incumplimiento por parte de la empresa de las normas de prevención de riesgos laborales
  •  Además, debe haber una conexión de causa-efecto entre el incumplimiento de la empresa y el daño sufrido por el trabajador. Así pues, si existe un incumplimiento pero éste no afecta para nada al accidente producido, no procederá el abono del recargo de prestaciones.

 

La consecuencia en caso de que se declare tal responsabilidad puede ser importante, ya que se trata del incremento de cualquiera de las prestaciones de seguridad social del trabajador, y por lo tanto, si al trabajador se le reconociese por ejemplo una incapacidad permanente, dado que dicha prestación es en principio vitalicia, el coste económico puede ser muy alto para la empresa, y la consecuencia económica en favor del trabajador, puede también ser muy importante.

 

Procedimiento

 

La tramitación del expediente de recargo puede iniciarse bien de oficio por el INSS, a instancia de la Inspección de Trabajo, o bien a instancia del propio interesado o de su representante legal.

 

En todo caso, se requerirá de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el informe-propuesta sobre los hechos y circunstancias concurrentes, disposición infringida, causa concreta, que motive el aumento de la cuantía de las prestaciones y el porcentaje de éste que se considere procedente.

 

El procedimiento para acordar el recargo de prestaciones lo tramita el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y acaba con una resolución que declara la existencia o inexistencia de falta de medidas de seguridad social y en su caso el grado de incremento, entre el 30% y el 50%.

 

Atención. El trabajador puede reclamar el recargo aunque la Inspección de Trabajo no hubiese actuado contra la empresa en el momento del accidente. 

 

VirementInspección de Trabajo

 

El procedimiento habitual es que la Inspección de Trabajo, cuando conoce de la existencia de un accidente que puede dar lugar a un recargo por falta de medidas de seguridad, realice un informe, con una propuesta de recargo y lo remita al INSS  para que este trámite el expediente y en su caso acuerde el recargo. Debe saber además que normalmente cuando hay un accidente de trabajo, dado que la empresa tiene el deber de tramitar un parte de accidente de trabajo, si eso se ha hecho así, la Inspección de Trabajo ya conocerá de la existencia del accidente y es normal que en tal caso se haya iniciado ya el expediente de posible recargo a instancias de la Inspección de Trabajo. Ahora bien, si la empresa no tramitó el correspondiente parte de accidente, por el motivo que sea, el trabajador podrá presentar denuncia a la Inspección de Trabajo, a fin de que por parte de la Inspección se realice la investigación pertinente, aunque haya pasado ya tiempo, a fin de que en su caso proponga ese recargo de prestaciones en materia de seguridad social.

 

El recargo de prestaciones al ser una cuestión que afecta a las prestaciones de seguridad social no se puede entender que prescriba en el plazo de un año como ocurre con los derechos estrictamente laborales, sino que su eventual plazo de prescripción sería el de 5 años.

 

Si se acuerda el recargo de prestaciones, dicho recargo afecta a todas las prestaciones de seguridad social, lo que significa que aun y cuando no se le reconociese una incapacidad permanente al trabajador, lo cierto es que también tendría derecho a que se le incrementase la prestación de baja o incapacidad temporal que pudiera venir percibiendo, y evidentemente, si se le reconoce una incapacidad permanente, dicha prestación también se incrementaría en el porcentaje correspondiente.

 

Resolución del INSS

 

Iniciado el expediente, el INSS tiene el deber de poner en conocimiento de los interesados la apertura del mismo. Posteriormente se dará trámite de audiencia al empresario, presunto responsable, para que en un plazo de 10 días formule alegaciones y presente los documentos que estime pertinentes, poniendo fin al procedimiento la resolución de la Dirección Provincial del INSS.

 

El plazo máximo para resolver el expediente de recargo es de 135 días hábiles, desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento de oficio o de la recepción de la solicitud de iniciación del mismo.

 

Transcurrido el cual sin que recaiga resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada y el interesado podrá ejercitar las reclamaciones judiciales oportunas.

 

Demanda judicial: cuidado con la carga de la prueba

 

Si se produce un accidente de trabajo, en caso de demanda judicial corresponde a la empresa probar que adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. Por tanto, se produce una inversión de la carga de la prueba, de manera que será la empresa (y no el trabajador demandante) la que deberá probar que actuó correctamente en caso de accidente de trabajo.  

 

foto_noiaAbogados y Graduados Sociales expertos en Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

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REGULARIZACIÓN CATASTRO INMUEBLES

La Dirección General del Catastro activará un proceso extraordinario de regularización para localizar los inmuebles cuyos propietarios (particulares o empresas) no tributan por ellos o lo hacen de forma incompleta. Es lo que se denomina la “amnistía catastral” un proceso muy similar a la famosa amnistía fiscal y que además de evitar una multa de hasta 6.000 euros permitirá regularizar cientos de miles de inmuebles.

Img0112200813252704370Estimado/a cliente/a i colaborador/a:

Una semana más Fornell Consultors con usted para acercarles a la actualidad y cambios legislativos que pueden cambiar y tener repercusión en sus empresas o en  su vida particular y de familia. Hoy trataremos de la “amnistía catastral” y la regularización de los valores catastrales.

En España existen muchos inmuebles y alteraciones constructivas realizadas sin declarar al Catastro (por ejemplo, una caseta de campo que ha acabado convertida en vivienda, una ampliación de la casa, una habitación más en la terraza de su ático,…), miles y miles de metros cuadrados de viviendas, casetas y parcelas no declarados y que se podrán regularizar con el simple pago de una tasa de 60 euros. Es lo que se denomina la amnistía catastral, un proceso muy similar al de la famosa y polémica amnistía fiscal y que además de evitar una multa de hasta 6.000 euros permitirá regularizar cientos de miles de inmuebles.

 

Esta falta de declaración provoca que la recaudación obtenida en algunos impuestos sea inferior a la que debiera ser:

 

  • Este es el caso del IBI y de la plusvalía municipal, que se calculan exclusivamente a partir de los valores catastrales.
  • Y también afecta parcialmente a la recaudación de otros impuestos, como por ejemplo el IRPF.  Los propietarios de un inmueble no alquilado o que no constituye su vivienda habitual deben imputarse una mayor renta de entre el 1,1% y el 2% de su valor catastral.

 

Img28112008180574528400Procedimiento de regularización catastral 2013-2016

 

Para dar cumplimiento a la modificación, que con efectos desde 1 de enero de 2013, la Ley 16/2012  ha introducido en la Ley del Catastro Inmobiliario, la Dirección General del Catastro ha analizado la situación de los valores catastrales en los distintos municipios españoles, con el objeto de determinar el valor catastral vigente y el de mercado.

 

Con el objetivo de que afloren estas propiedades irregulares la Dirección General del Catastro activará un proceso extraordinario de regularización para localizar los inmuebles cuyos propietarios (particulares o empresas) no tributan por ellos o lo hacen de forma incompleta. Es lo que se denomina Procedimiento de regulación catastral 2013-2016 y que fue incluido por el Ministerio de Hacienda entre las medidas tributarias que el Gobierno impulsó a finales del pasado año para procurar el saneamiento de las cuentas públicas y combatir el fraude. 

 

Tasa de regularización catastral

 

Para poner en marcha esta “amnistía catastral”, se ha creado la tasa de regularización catastral, tributo de carácter estatal, cuyo hecho imponible es la referida regularización y cuyos sujetos pasivos son las personas y entes que deban tener la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el ejercicio en que se inicie la regularización. Se devengará con el inicio del procedimiento y su cuantía será de 60 euros por inmueble objeto del procedimiento.

 

Por tanto, si alguno de sus inmuebles no consta en el Catastro o sí consta, pero no ha declarado las alteraciones catastrales realizadas en él, podrá regularizar sus datos catastrales pagando una tasa de sólo 60 euros y sin tener que satisfacer sanciones por ello, y evitar así una multa de hasta 6.000 euros.

 

Img28112008153683882490¿Cómo se realiza este proceso de regularización catastral?

 

  • El Catastro irá publicando en el BOE cuándo y en qué localidades se realizará esta regularización, de forma que todo el proceso haya acabado con anterioridad al 31-12-2016, si bien este plazo podrá ser ampliado.

 

  • El Catastro (una vez haya investigado los inmuebles) notificará los nuevos valores catastrales a los propietarios, junto a la tasa de los 60 euros.

 

  • El procedimiento se debe iniciar de oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación se ha de comunicar a los interesados, a quienes se concede un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones. Las actuaciones pueden entenderse con los titulares catastrales aunque no se trate de los obligados a realizar la declaración.

 

  • El expediente se debe poner de manifiesto a los interesados para la presentación de las alegaciones durante un plazo de 15 días desde la fecha de la notificación. Si una vez transcurrido este plazo, los interesados no han formulado alegaciones, la propuesta de regularización se convierte en definitiva y se procede al cierre y archivo del expediente, entendiéndose dictado y notificado el correspondiente acuerdo de alteración contenido en la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo.

 

  • El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa es de 6 meses desde que se notifique a los interesados el acuerdo de iniciación o la propuesta de regularización. l vencimiento del plazo máximo de resolución determina la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.

 

  • Si una vez iniciado el proceso de regularización en su localidad, no le notifican, también podrá solicitar por escrito a su ayuntamiento que le regularicen sin sanciones.

 

  • Es importante señalar que los efectos derivados de dicha regularización serán desde el momento en que se realizó el acto, hecho o negocio por el que se originó la incorporación o modificación. Una circunstancia que obligará a la regularización tributaria por los años no prescritos y cuya liquidación corresponderá al municipio. Atención. La regularización tiene efectos desde la fecha en la que se alteró la finca. Por lo tanto, en teoría, el Ayuntamiento podrá liquidarle los importes que pagó de menos en los recibos del IBI de los últimos cuatro años.

 

En cualquier caso, la regularización le servirá para poner al día su propiedad, evitando futuras incidencias, sobre todo en caso de que decida vender su inmueble.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

IMPORTANTE:  Si su vivienda presenta alguna de las circunstancias que puedan dar lugar a esta posible regularización, consulte con nuestro despacho.

Estudio previo de la situación, cálculo del aumento catastral y posible cuota de liquidación de los cuatro años de efecto retroactivo.

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